El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y las denuncias de coimas en la ANDIS destapó algo más profundo: la manera en que el gobierno de Javier Milei manipuló datos sobre las pensiones por discapacidad para avanzar con una poda masiva de beneficiarios.

En febrero de 2024, el Ejecutivo lanzó una auditoría sobre un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La ofensiva, presentada como un proceso de “transparencia”, derivó en más de 111 mil bajas y miles de casos todavía en revisión. El discurso oficial se sostuvo en cifras que mostraban un “aumento desproporcionado” de beneficiarios en los últimos 20 años, pero que —según especialistas y organizaciones de derechos humanos— responden en realidad a cambios normativos y compromisos internacionales que ampliaron la cobertura.

La narrativa presidencial se repitió desde Manuel Adorni hasta Luis Caputo: Argentina pasó de 80.000 pensiones en 2003 a 1,2 millones en 2025 “sin una guerra mediante”, lo que el propio Milei calificó como un “curro”. Sin embargo, informes como el de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) muestran que la expansión se debió a la eliminación del “cupo” que regía hasta 2003 y a la ratificación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, que en 2014 adquirió rango constitucional.

La maniobra del Gobierno ya desató protestas callejeras, represión, un veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y un revés parlamentario en Diputados. Mientras tanto, los datos oficiales revelan la otra cara: de los casi 6 millones de argentinos con discapacidad, solo el 20% recibe una pensión, cuyo monto ni siquiera cubre la canasta básica de indigencia.