Abaratar los costos laborales y flexibilizar las relaciones de trabajo son los ejes del proyecto de reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei. La iniciativa, que retoma varios puntos del decreto 70/23, fue presentada ante empresarios, sindicalistas y referentes políticos del Consejo de Mayo. El Gobierno busca el respaldo de esos sectores y de los gobernadores para enviarla al Congreso antes de fin de año, aunque la CGT ya anunció su rechazo.

Según el borrador al que accedió Clarín, el texto propone cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo, en el sistema de indemnizaciones, los convenios colectivos y las reglas de negociación salarial. También introduce conceptos como el “salario dinámico”, la posibilidad de fraccionar vacaciones y la eliminación de aportes compulsivos a los sindicatos.

Uno de los puntos centrales es el tope a las indemnizaciones por despido, que pasarían a tener un límite de diez sueldos, sin importar la antigüedad del trabajador. Actualmente, la ley prevé un sueldo por año trabajado sin tope. El nuevo esquema excluiría además el aguinaldo, los bonos y beneficios no mensuales del cálculo indemnizatorio.

El proyecto también permitiría a las pymes pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas, y reinstala beneficios como los “tickets canasta” sin carácter remunerativo ni aportes a la seguridad social.

En materia salarial, el Ejecutivo plantea la creación del “salario dinámico”, que permitiría otorgar aumentos diferenciados según mérito o productividad, algo que la CGT considera una puerta abierta a la negociación individual y a la baja salarial.

La reforma habilita jornadas laborales más extensas bajo un esquema de “banco de horas”, con la posibilidad de compensar tiempo entre días, y permite fraccionar las vacaciones en tramos de una semana, mediante acuerdo entre trabajador y empleador.

Otro punto clave es la pérdida de ultraactividad: los convenios vencidos mantendrán vigentes solo las condiciones laborales, pero no las cláusulas económicas, salvo acuerdo entre las partes. Además, se da prioridad a los convenios por empresa por encima de los de rama o actividad.

En cuanto a los gremios, el proyecto elimina los aportes compulsivos, estableciendo que las cuotas sindicales solo podrán descontarse con autorización expresa del trabajador. También restringe el derecho a huelga, exigiendo una cobertura mínima del 75% en servicios esenciales como salud, educación o transporte, y del 50% en actividades consideradas “de importancia trascendental”.

La CGT ya anticipó su oposición y advirtió que la iniciativa busca “desmantelar el sistema laboral argentino y debilitar la representación sindical”. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la reforma es clave para “modernizar las relaciones laborales y fomentar el empleo formal”.