El Gobierno dispuso la desregulación total del sistema de control de aranceles de los colegios privados, medida que estaba vigente desde comienzos de los años 90. A partir del Decreto 787/2025, las instituciones educativas de gestión privada ya no deberán informar anticipadamente los valores de la matrícula y las cuotas, ni pedir autorización estatal para modificarlos.

La decisión derogó el Decreto 2417/1993, que establecía que los colegios debían comunicar a las familias los montos, los plazos de pago y los recargos por mora antes de finalizar el ciclo lectivo anterior —plazo fijado originalmente para el 31 de octubre y recientemente extendido al 15 de noviembre—. También obligaba a alcanzar un acuerdo con padres o tutores respecto a los nuevos aranceles, requisito que luego debía presentarse ante las autoridades nacionales. Sin consenso, se mantenían los valores vigentes.

En los fundamentos, el Gobierno argumentó que la regulación derogada imponía “limitaciones y requerimientos” que dificultaban la adaptación de los colegios a las condiciones económicas actuales. Sostuvo que la norma se dictó en un contexto distinto, previo a la transferencia de competencias educativas a las provincias, y que su continuidad no se corresponde con el esquema federal vigente.

El Ejecutivo planteó además que la estructura de costos del sector cambió sustancialmente y que la intervención estatal generó efectos contraproducentes, como la imposibilidad de ajustar precios ante variaciones económicas y la tendencia de los establecimientos a fijar valores más altos de lo necesario por temor a incrementos futuros que no pudieran ser aprobados a tiempo.

Según la argumentación oficial, este mecanismo terminaba perjudicando a las familias, que enfrentaban aranceles iniciales más elevados y en muchos casos debían cambiar de escuela. También advertía que la rigidez de tarifas podía impactar en la calidad educativa, al limitar la capacidad de respuesta frente al aumento de insumos, salarios y gastos operativos.

El Gobierno sostuvo que la desregulación garantiza el “principio de libre contratación”, devolviendo a los establecimientos privados la posibilidad de fijar sus políticas de precios y condiciones sin autorización estatal previa, en un esquema de competencia entre instituciones. Con la nueva normativa, las escuelas podrán actualizar sus aranceles según sus costos y decisiones internas, sin obligación de comunicación anticipada ni validación administrativa.