En una nueva muestra de su política de achicamiento del Estado, el Gobierno nacional oficializó la etapa final del cierre del Fondo Fiduciario del Procrear, el programa que desde 2012 había permitido el acceso a la vivienda propia a miles de familias. A través de la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía reglamentó los pasos administrativos restantes para desmantelar por completo el esquema.

Lejos de plantear una alternativa para enfrentar el grave déficit habitacional del país, la gestión de Javier Milei continúa avanzando en la eliminación de políticas públicas que ofrecían respuestas concretas. El Banco Hipotecario seguirá al frente de los créditos aún activos, pero los bienes que formaban parte del fondo serán redistribuidos o directamente vendidos, sin claridad sobre su destino o el uso social que podrían tener.

Aunque el Ejecutivo admite en la resolución que “vastos sectores de la sociedad” enfrentan enormes dificultades para acceder a una vivienda por la inflación y las condiciones del mercado financiero, la conclusión a la que arriba es que el Estado no debe intervenir. “La financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos”, asegura el texto, deslindando toda responsabilidad pública sobre una de las necesidades más urgentes del país.

Como si la historia reciente no hubiera demostrado la ineficiencia del mercado para garantizar derechos básicos, el Gobierno reafirma su decisión de dejar en manos del sector privado la política habitacional. Mientras tanto, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tomará control de los inmuebles no vinculados a obras activas, abriendo la puerta a futuras ventas o concesiones, sin ningún compromiso claro con la función social de esos activos.

Por otra parte, se instruyó a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial para avanzar en la liquidación de carteras de créditos con bajo rendimiento, profundizando el vaciamiento del programa. El objetivo es maximizar la recaudación, aunque eso implique sacrificar herramientas que, aún con dificultades, habían representado una oportunidad para sectores históricamente excluidos del mercado inmobiliario formal.

Con esta medida, el Gobierno no solo clausura un instrumento estatal de acceso a la vivienda: reafirma su desprecio por el rol del Estado en la garantía de derechos. En nombre del “orden fiscal” y bajo la lógica del ajuste, vuelve a retirarse de una de las funciones más sensibles en cualquier sociedad: asegurar que todos y todas puedan tener un techo digno.