La filtración de los audios de Diego Spagnuolo destapó un escándalo político, pero la respuesta del Gobierno fue aún más alarmante: un intento directo de acallar a la prensa y perseguir judicialmente a los periodistas que investigaron el caso. Patricia Bullrich presentó una denuncia pidiendo allanamientos a comunicadores, mientras Karina Milei consiguió que un juez prohibiera la difusión de sus audios grabados en la Casa Rosada.

Lejos de dar explicaciones, el oficialismo eligió la vía de la censura y la intimidación. La decisión del magistrado Alejandro Patricio Maraniello, que ordenó bloquear la publicación de grabaciones, implica un avance inédito contra la libertad de prensa, bajo el argumento de “intereses estatales comprometidos”. El fallo llega además de la mano de un juez con un historial polémico: múltiples denuncias por abuso sexual y un sumario abierto en el Consejo de la Magistratura.

Un fallo que legitima la censura previa

Aunque el contenido del audio de Karina Milei no resultaba incriminatorio, la hermana del Presidente consiguió blindarse frente a la opinión pública. La resolución judicial estableció que los medios no pueden difundir grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada, restringiendo de hecho la cobertura periodística de un tema de enorme interés público.
La oposición y las principales organizaciones de prensa advirtieron que se trata de una maniobra de censura previa, una práctica expresamente prohibida por la Constitución Nacional.

Bullrich, persecución y fantasmas de espías

En paralelo, Patricia Bullrich presentó una denuncia penal que pidió allanamientos a domicilios de periodistas como Jorge Rial, Mauro Federico y Franco Bindi, con el objetivo de secuestrar computadoras y teléfonos. En su escrito, la ministra llegó a hablar de una “maniobra golpista” y de una presunta red de espías rusos operando en Argentina, un recurso ya habitual en su estrategia de instalar conspiraciones cada vez que estalla una crisis política.

La movida expone el uso del aparato del Estado no para esclarecer hechos, sino para criminalizar el periodismo y sembrar miedo en la profesión.

Amenazas contra periodistas

El clima de hostigamiento se agravó con denuncias de amenazas. Rial relató que un Ford Falcon se estacionó frente a su casa con un hombre observándolo, un mensaje cargado de simbolismo represivo. Federico, en tanto, denunció que lo fotografiaban en la entrada del canal donde trabaja.

El Gobierno pasó de la confusión inicial a una estrategia clara: silenciar a la prensa, perseguir a periodistas y blindar a Karina Milei de todo escrutinio. Una deriva peligrosa que golpea de lleno a la democracia y a la libertad de expresión en Argentina.