El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció sin ambigüedades que el Poder Ejecutivo vetará las leyes de jubilaciones y discapacidad recientemente aprobadas por el Congreso. Su argumento principal: “No se le puede pedir a un Gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros de la economía argentina”. Pero detrás de esta excusa, se esconde la voluntad de frenar avances sociales indispensables.

Francos desliza que “es muy fácil decir que vamos a aumentar las pensiones por discapacidad o las jubilaciones, o emitir dinero sin problemas”, pero advierte que hacerlo “replicaría en una inflación desbocada”, recurriendo a un argumento manido que olvida que el ajuste constante también golpea fuerte a los sectores más vulnerables.

Además, anticipó que vetará otros proyectos aprobados en el Senado, como la distribución de fondos a las provincias vía Aportes del Tesoro Nacional y el Impuesto a los Combustibles, profundizando así la fractura entre el Ejecutivo y el Congreso.

El funcionario insistió en que la política económica se basa en mantener el “equilibrio fiscal”, como si el equilibrio de números fuera más importante que la vida y dignidad de millones de jubilados y personas con discapacidad que sufren la postergación y la precariedad.

Mientras Francos asegura que “más de 12 millones de personas salieron de la pobreza” y destaca “las políticas sociales del Gobierno”, no puede evitar que la realidad del día a día contradiga sus palabras: la pobreza sigue siendo alta, los salarios caen y los sectores más necesitados siguen sin respuestas concretas.

El discurso oficial sobre “no poder inventar recursos” y la necesidad de “hacer crecer la economía” esconde la falta de voluntad política para priorizar lo urgente: mejorar las condiciones de vida de quienes esperan una jubilación digna y una asistencia real en discapacidad.

Por último, Francos respondió con insultos al constitucionalista Eduardo Barcesat, quien criticó duramente el veto, confirmando una vez más que el debate público se torna cada vez más áspero, mientras las decisiones políticas continúan alejándose de las demandas sociales.