El Gobierno nacional oficializó este miércoles la prórroga de la emergencia y/o desastre agropecuario en los municipios bonaerenses de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1776/2025 del Ministerio de Economía, llega con dos meses de retraso y rige de forma retroactiva al 1° de septiembre, extendiéndose hasta el 28 de febrero de 2026.

La decisión homologa una resolución previa de la Provincia de Buenos Aires y permite que los productores afectados difieran el pago de impuestos nacionales y accedan a créditos en el Banco Nación. Sin embargo, la publicación se concretó fuera de los plazos legales que fija la Ley 26.509, que regula el sistema de emergencias agropecuarias.

Una demora que golpea al interior

Según la normativa, las provincias deben declarar la emergencia cuando las pérdidas superan el 50% de la producción, y la Nación debe ratificar esa decisión para que se extiendan los beneficios fiscales. En este caso, la administración bonaerense será la encargada de certificar los daños y enviar el listado de productores alcanzados.

Desde ARBA ya habían advertido sobre la necesidad de acelerar los trámites: hasta la semana pasada, solo unas 2.000 explotaciones habían iniciado la gestión. La resolución recién se conoció este 12 de noviembre, pese a que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado asistencia para las zonas afectadas semanas atrás.

Reclamos y críticas por la falta de respuestas

El diputado radical Diego Garciarena cuestionó la demora y exigió la puesta en marcha de obras estructurales: “Mientras el Gobierno nacional y el provincial se echan culpas, hay tres millones de hectáreas bajo el agua, pueblos aislados y la producción quebrada. Los bonaerenses siguen esperando soluciones de fondo”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, advirtió que la situación “es de catástrofe” y que la respuesta oficial es insuficiente. “La política tiene que entender que el agua se maneja en la seca, cuando deben hacerse las obras que previenen estos desastres”, remarcó. Según sus estimaciones, más de cinco millones de hectáreas permanecen anegadas, con caminos intransitables y comunidades aisladas.

Kovarsky también apuntó contra el atraso del Plan Maestro del Río Salado, una obra que lleva más de una década sin completarse. “Faltan 30 kilómetros bajo control nacional y otros 90 que dependen de la provincia”, detalló.

La historia que se repite

El ingeniero hidráulico Claudio Velazco explicó que la Cuenca del Salado, que abarca 17 millones de hectáreas y 55 distritos bonaerenses, solo tiene obras finalizadas en 219 de los 710 kilómetros de su cauce principal. “Es un patrón que se repite: la emergencia llega tarde, las obras no se hacen y el campo vuelve a inundarse”, señaló.

Por ahora, los productores alcanzados por la prórroga podrán acceder a beneficios fiscales y crediticios hasta fines de febrero. Pero en el interior bonaerense nadie descarta que, si las lluvias continúan y las obras siguen sin avanzar, la emergencia vuelva a renovarse una vez más.