Tras el escándalo desatado por la filtración de audios que comprometen al exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno nacional confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus atribuciones al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. Desde el Ejecutivo aseguraron que la medida no implicará la suspensión ni eliminación de prestaciones para las personas con discapacidad.

La decisión venía siendo evaluada desde que se detectaron presuntas irregularidades en el organismo, que estaba a cargo del exabogado del presidente Javier Milei. Finalmente, este martes fue anunciada de manera oficial por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó el cierre definitivo de la agencia.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, sostuvo Adorni durante una conferencia de prensa. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una administración más controlada y transparente de las políticas vinculadas a la discapacidad.

El funcionario justificó la medida al señalar que la ANDIS, creada en 2017 como organismo descentralizado, acumuló con el paso de los años “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. En ese sentido, responsabilizó a la autonomía administrativa del organismo por la falta de controles efectivos.

Adorni detalló una serie de presuntas irregularidades detectadas durante las auditorías: pensiones que continuaban siendo cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban. Como ejemplo, mencionó a la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar, pero cuyos domicilios inspeccionados eran viviendas precarias sin servicios básicos.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, describió el jefe de Gabinete, al tiempo que afirmó que el traspaso al Ministerio de Salud permitirá garantizar trazabilidad en los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en la toma de decisiones. Además, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa —según indicó— una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

Ante el impacto social de la medida, Adorni buscó llevar tranquilidad y remarcó en reiteradas oportunidades que no se verán afectados los derechos de las personas con discapacidad. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni prestaciones. Lo aclaro para evitar interpretaciones alejadas de la realidad: no se corta absolutamente ninguna prestación”, subrayó.

La disolución de la ANDIS se da en un contexto de fuerte ajuste del Estado y de creciente tensión social, y abre interrogantes sobre cómo se implementará el traspaso de funciones sin afectar la atención y el acceso a derechos de uno de los sectores más vulnerables.