A casi cuatro meses del violento episodio en el que el fotógrafo Pablo Grillo fue gravemente herido por una cápsula de gas lacrimógeno durante una marcha de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería Nacional decidió cerrar su expediente interno sin aplicar sanciones.

El informe administrativo atribuyó lo ocurrido a un “evento fortuito” y responsabilizó a la víctima por ubicarse “en la línea de tiro”. El cabo Héctor Guerrero, implicado en el incidente, continúa en funciones sin medidas disciplinarias.

La defensa de la familia Grillo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazaron con dureza el informe. Claudia Cesaroni, abogada y representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aseguró que el documento “es falaz” y busca encubrir a los responsables. “Desde marzo venimos pidiendo la indagatoria de Guerrero porque ya hay elementos suficientes”, agregó.

El CELS destacó que el cierre del expediente fue “exprés” y concluyó que “no existe reproche disciplinario alguno”, denunciando un relato corporativo para proteger a sus miembros. La defensa anunció que seguirá presionando para que la justicia federal cite a Guerrero y avance en la investigación sobre la cadena de mando.

Familiares y abogados aportaron videos y fotos que contradicen la versión oficial. Según Cesaroni, “las imágenes dejan en evidencia lo falso del relato de Gendarmería”.

El caso está en manos de la justicia federal, pero el rápido archivo interno sin consecuencias reaviva el debate sobre el control y la impunidad de las fuerzas de seguridad en Argentina.