En una movida que parece sacada de una serie de espías pero firmada en papel oficial, el Gobierno nacional aprobó esta semana un protocolo para agentes encubiertos y “reveladores digitales”, y creó un Consejo Académico para su formación y capacitación. Todo bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos y con el respaldo normativo de las resoluciones 828 y 829/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un sistema formal de formación con contenidos académicos, docentes designados, programas de actualización y participación en jornadas con jueces y fiscales, como si se tratara de una nueva tecnicatura estatal... en infiltración.

El Consejo estará presidido por el profesor y juez Ricardo Ángel Basílico —quien fue nombrado por tres años—, y dependerá de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Su rol será definir los contenidos que deben aprender los futuros encubiertos, supervisar los cursos, y promover capacitaciones para aquellos que ya están infiltrados.

Espías con plan de estudio y voto doble

Según la resolución, el Consejo estará compuesto por autoridades del Ministerio de Seguridad, representantes de las fuerzas federales y cinco expertos externos, todos ad honorem. También habrá un Coordinador Ejecutivo —policía, claro— que coordinará las clases de espionaje. El Consejo se reunirá una vez al mes y, en caso de empate en las decisiones, el presidente podrá emitir voto doble. Nada queda librado al azar.

El documento aclara que se busca integrar perfiles con “especializaciones y enfoques profesionales y académicos diversos” para enriquecer el proceso. También se subraya la necesidad de incorporar a funcionarios judiciales para asegurar que la actuación de los encubiertos sea “procesalmente segura y eficaz”.

Quiénes son los espías 4.0

El Gobierno define a los agentes encubiertos como integrantes de fuerzas federales que asumen identidades falsas para infiltrarse en organizaciones criminales. La ley vigente permite su actuación en causas por narcotráfico, corrupción, trata de personas, terrorismo, ciberdelitos y otros delitos complejos.

Pero la novedad más llamativa es la figura del “revelador digital”: agentes que operan con perfiles falsos en redes sociales para detectar grooming, distribución de material ilegal o estafas virtuales. En otras palabras, espías con cuentas truchas, pero con protocolo oficial.

La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario Federal ya fueron instruidos para aplicar esta normativa. Según el Gobierno, se trata de “instrumentos legales que han permitido incorporar pruebas de valor irrefutable”.

Seguridad nacional o show institucional

La resolución sostiene que Basílico es un “prestigioso juez y profesor de derecho constitucional, penal, derechos humanos y criminología”, y por eso fue elegido para presidir esta peculiar institución. Y aunque la propuesta se ampara en leyes de Seguridad Interior y de Ministerios, lo que sorprende no es su legalidad, sino el nivel de formalización burocrática para tareas que, por definición, deben ser secretas.

Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad transforma el espionaje en política de Estado, con plan de estudios, actas, y un equipo académico que revisará los métodos de infiltración... a libro abierto.