El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa aplicar la política de “motosierra” al extremo, recortando fondos a provincias, cerrando obras públicas y limitando transferencias, con el objetivo de sostener un superávit fiscal que ya parece fuera de alcance. La medida se presenta como una necesidad frente a la meta de 1,6% del PBI comprometida con el FMI, pero en los hechos amenaza con afectar la vida de millones de argentinos y la inversión en infraestructura.

Especialistas y analistas del mercado advierten que la recaudación fiscal no será suficiente para compensar la baja del Impuesto País y de retenciones al agro. Martín Polo, de Cohen Aliados, señaló que “la baja de impuestos deja al Gobierno mucho más expuesto a aplicar mucho más motosierra de lo que lo está haciendo”, y agregó que la tensión se refleja en la imposibilidad del oficialismo de ganar votaciones en el Congreso y en el debilitamiento del blindaje de vetos.

El economista Luis Secco coincidió: “El tema fiscal viene comprometido este año, más allá de los proyectos que se aprobaron en el Congreso, porque el gasto está aumentando por encima de la inflación y los ingresos crecen menos. Van a ser cinco meses duros”.

Los datos respaldan la preocupación: mientras la recaudación creció apenas de forma moderada entre enero y abril, en mayo y junio se desplomó, y los niveles actuales de crecimiento económico son insuficientes para compensar la pérdida de recursos generada por la reducción de impuestos. En este contexto, la política de “motosierra” amenaza con frenar la obra pública, afectar el funcionamiento de las provincias y profundizar las desigualdades, en lugar de buscar soluciones equilibradas que protejan tanto la disciplina fiscal como a la sociedad.