En la provincia de Buenos Aires crece el debate sobre el uso de celulares en las aulas. Aunque desde 2016 rige la resolución 778 de la Dirección General de Cultura y Educación, que permite los dispositivos solo con fines pedagógicos dentro de la planificación escolar, el tema volvió a instalarse en la agenda legislativa y educativa de los 135 distritos bonaerenses.

En mayo, la comisión de Legislación General de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto con media sanción del Senado impulsado por Emmanuel Santalla (Unión por la Patria) y Lorena Mandagarán (GEN). La iniciativa busca promover el uso responsable de las pantallas en la infancia, concientizar sobre sus riesgos y regular el empleo de celulares en las escuelas primarias, públicas y privadas.

Paralelamente, en julio la comisión de Educación dictaminó a favor de una propuesta del legislador Martín Rozas (Unión Renovación y Fe), que apunta a restringir los celulares en el nivel secundario. Según el texto, los dispositivos solo podrán utilizarse en casos excepcionales: cuando estén incluidos en un proyecto pedagógico, cuenten con la autorización de las autoridades o formen parte del currículo oficial.

El diagnóstico que atraviesa ambas iniciativas es coincidente: el uso excesivo de pantallas dentro del aula dificulta la atención, promueve la dispersión y potencia problemáticas como el ciberbullying. Para los impulsores, limitar los celulares permitirá recuperar la concentración, mejorar la convivencia y favorecer la socialización entre estudiantes.

Si bien algunos sectores del radicalismo remarcan que ya existe normativa vigente, lo cierto es que los proyectos avanzan con amplio respaldo político. De prosperar, la Provincia daría un paso clave hacia una regulación más estricta, con impacto directo en millones de estudiantes bonaerenses.