El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar su hoja de ruta: ajuste antes que educación. A través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, el Presidente vetó en su totalidad la Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento universitario y recomposición salarial para docentes y no docentes.

La norma había sido votada por el Congreso el 21 de agosto y representaba un alivio para un sistema asfixiado por los recortes presupuestarios y la inflación. Entre sus puntos centrales, la ley garantizaba partidas específicas para infraestructura, investigación, tecnología, bienestar estudiantil y becas, además de asegurar una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades.

El veto cayó como un baldazo de agua fría en el ámbito académico y político. Desde el oficialismo se justificó la medida alegando “defensa de la estabilidad fiscal” y “atribuciones del Ejecutivo para manejar los recursos del Estado”. Sin embargo, en la práctica, la decisión deja a las universidades a la deriva y a los trabajadores de la educación sin una recomposición salarial real.

El proyecto también apuntaba a sostener la inclusión y la permanencia de los estudiantes en la universidad pública, en un contexto donde cada vez más jóvenes abandonan sus estudios por no poder costearlos. Al frenarlo, el Ejecutivo no solo corta recursos, también clausura la posibilidad de garantizar igualdad de oportunidades.

El veto, que se suma al rechazo a la emergencia pediátrica y a otros proyectos sociales, abre un nuevo frente de conflicto con la oposición y con el movimiento universitario, que ya viene organizando protestas masivas en defensa de la educación pública. El mensaje presidencial es inequívoco: la motosierra también pasa por las aulas.