El Gobierno de Javier Milei promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, aunque decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto 2026. La medida refleja la misma estrategia que ya había adoptado con las leyes relacionadas con discapacidad: cumplir formalmente con la ley, pero sin garantizar recursos concretos para su ejecución.

Ambas normas fueron ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras el rechazo de los vetos presidenciales, obligando a la administración libertaria a promulgarlas mediante los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial. Sin embargo, ninguna partida fue habilitada para asegurar su cumplimiento.

Financiamiento universitario

El Decreto 759/2025 establece la Ley 27.795, que busca garantizar el financiamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y no docentes, y mantener los programas de becas estudiantiles. También prevé aumentar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal académico.

La normativa estipula que los salarios se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumando además pagos no remunerativos y no bonificables a los básicos. Según cálculos oficiales, la ejecución completa de la ley implicaría un gasto de aproximadamente $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió la aplicación hasta que el Parlamento defina los recursos necesarios.

Emergencia pediátrica

A través del Decreto 760/2025, se promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales por un año. La norma busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil de calidad, mantener la operatividad de hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, incluyendo incentivos y exenciones fiscales para quienes trabajen en áreas críticas. Además, designa al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro nacional de referencia en atención de alta complejidad.

El costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, con recursos previstos a partir de reasignaciones dentro del Ministerio de Salud y reservas para contingencias sanitarias. No obstante, el decreto aclara que estas fuentes son insuficientes y que actualmente la cartera sanitaria presenta un déficit de $102.400 millones, dejando en suspenso la implementación efectiva de la ley.

Con estas decisiones, el Gobierno cumple formalmente con la promulgación, pero deja en evidencia su incapacidad o falta de voluntad para garantizar fondos reales en áreas clave como salud y educación, mientras la población sigue esperando medidas concretas.