La causa judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó este lunes un nuevo capítulo. El abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito ante la jueza federal María Servini para que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general Karina Milei, y a los empresarios Mauricio Novelli y Hayden Davis, señalados como organizadores centrales de la maniobra.

Además, pidió la detención inmediata de Novelli y Davis, al considerar que existe un “serio riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación”. Davis, de nacionalidad estadounidense y cofundador de Kelsier Ventures —firma detrás del desarrollo del token—, ya está bajo la lupa de la justicia de EE.UU., que le congeló fondos por la misma operación.

Según la presentación, los cuatro imputados mantuvieron reuniones presenciales en los días previos al lanzamiento de $LIBRA, y cada uno cumplió “un rol funcional indispensable” en la operación. Milei promocionó el activo digital desde su cuenta oficial de X, Karina Milei le dio respaldo político e institucional, Novelli diseñó la estrategia de difusión y captación de inversores, y Davis se encargó de canalizar los fondos y estructurar el sistema cripto.

Dalbón calificó la maniobra como una “estafa de altísima sofisticación, con consecuencias patrimoniales y políticas de enorme gravedad”. Entre las pruebas presentadas, se destaca el comportamiento de la cotización de $LIBRA: tras la publicación de Milei, el precio del token pasó de menos de u$s0,50 a casi u$s5 en minutos. “La legitimidad que implica la palabra presidencial generó una ola de compras por parte del público”, argumentó el abogado.

En el escrito también se detalla la trazabilidad de los fondos operados por Davis. Gracias al trabajo del ingeniero Fernando Molina, experto en criptoactivos, se detectaron múltiples transferencias millonarias realizadas por Davis desde una wallet personal, días antes del lanzamiento de $LIBRA. Una de ellas, fechada el 30 de enero de 2025, fue por u$s507.500 a través de la plataforma Bitget.

La investigación judicial en EE.UU. arrojó otro dato relevante. El pasado 11 de julio, Davis solicitó al tribunal del distrito sur de Nueva York una modificación parcial de la orden de congelamiento de activos. Según consta en el expediente, pidió autorización para transferir 500 millones de tokens $LIBRA (la mitad de la emisión total) a una billetera con sede en Argentina llamada “Viva La Libertad” (VLL). La operación, advierte Dalbón, pone en evidencia una “continuidad funcional del ecosistema fraudulento” que habría impulsado el activo.

“Esa transferencia no representa un acto de reparación, sino un intento de seguir moviendo el producto del delito”, sostiene la denuncia. Y agrega: “La disposición millonaria de tokens por parte de Davis confirma un riesgo procesal gravísimo”.

El pedido de indagatoria se apoya también en el dictamen reciente del fiscal federal Oscar Gutiérrez Eguía, quien determinó que la cuenta del presidente Milei en X tiene carácter institucional. Esto desarma la defensa del mandatario, que había argumentado que promocionó $LIBRA “a título personal”.

“El uso de una cuenta verificada, con tilde gris, y bajo el rótulo de Presidente de la Nación, convierte esos posteos en actos públicos y funcionales a la estafa”, sostuvo Dalbón. En ese sentido, los mensajes publicados por Milei serían parte activa de la maniobra ilegal, y no manifestaciones individuales desligadas de su cargo.

Por todo esto, el abogado pidió a la jueza Servini que avance con la citación a indagatoria y que ordene la captura internacional de Hayden Davis, activando una alerta roja de Interpol para posibilitar su extradición desde Estados Unidos. También insistió en la necesidad de detener a Novelli, a quien acusa de tener conexiones y capacidad económica suficiente para fugarse.

El caso pone en el centro de la escena la relación entre las esferas del poder político y los negocios especulativos con activos digitales. Esta vez, el escándalo alcanza al propio presidente, a su hermana y a los empresarios que, según la denuncia, aprovecharon la investidura presidencial para legitimar una estafa masiva.