El Gobierno de Javier Milei enfrentará el miércoles un virtual paro general, cuando el ala dura de la Confederación General del Trabajo (CGT) y los gremios de transporte, acompañados por movimientos sociales, estatales y universitarios, llevarán adelante un cese de actividades por 24 horas.

La Mesa Nacional del Transporte, integrada por los gremios del sector, encabezará la medida del miércoles 30 de octubre contra la gestión libertaria, al que se plegarán los estatales de ATE, lo que impactará en la administración pública y en algunas escuelas.

Durante la última semana, en un encuentro encabezado por el secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano,y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, los sindicalistas ratificaron la medida de fuerza en rechazo “al ajuste, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y el aumento de la pobreza”.

Sin embargo, quien no adhiere al paro es la Unión Tranviario Automotor (UTA), por lo que el Gobierno espera que el impacto sea mucho menor. Aunque la medida afectará tanto a los servicios de carga, como camiones, ferrocarriles y barcos, y también a algunos de pasajeros, incluyendo los trenes, el subte y los aviones.

Asimismo, se sumaron sindicatos de maestros, como la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que integran varios movimientos sociales.

En el caso de ATE, según explicó su titular Rodolfo Aguiar, la medida de fuerza empezará el 29 al mediodía y a partir de las 12 horas se concentrarán en el Obelisco. Entre las demandas que impulsan la movilización, Aguiar mencionó la reapertura de paritarias.

Quienes también piden mejores salarios por la fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses, son los docentes universitarios que también harán una jornada de paro el miércoles. En medio del conflicto entre el Gobierno y la UBA por las auditorías impulsadas por el Ejecutivo, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) señalaron: “Con una pérdida salarial que supera el 30% en términos reales y un atraso de más de 60 puntos respecto a la inflación desde la asunción de Javier Milei, la docencia universitaria no ha recibido respuesta en el ámbito paritario”.

Asimismo, los alumnos acordaron convocar a la Tercera Marcha Federal Educativa para el 12 de noviembre, para ratificar el reclamo de un aumento salarial para el personal docente y no docente de las casas de altos estudios.

Esa decisión se da en el medio del conflicto entre el Gobierno y las autoridades académicas, que se niegan a ser auditadas por la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo, al argumentar que esa entidad “no tiene competencias” para realizar el control de los fondos que el Estado les destina anualmente.