Una nueva resolución judicial puso en el centro de la escena al PAMI. El juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N°2 de Mendoza, ordenó suspender las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024, que habían modificado los requisitos para acceder a la cobertura total de medicamentos. La medida tiene alcance nacional y deberá cumplirse de inmediato, aunque el organismo que dirige Esteban Leguízamo ya apeló la decisión.

El fallo surge de una acción colectiva presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que reclamó la restitución del programa “Vivir Mejor”, lanzado en 2020, y que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales sin restricciones socioeconómicas. “La resolución implica volver al esquema previo a las medidas de 2024”, explicó Mabel Sessa, abogada de la entidad.

Hasta ahora, distintas cautelares ya se habían dictado en provincias como Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Con este nuevo fallo, el juez Quirós resolvió que la suspensión sea nacional, al considerar que las exigencias actuales imponen “una carga irrazonable y desproporcionada” sobre los afiliados, especialmente aquellos bajo tratamientos médicos prolongados.

Además, el magistrado destacó que la información requerida por el PAMI a los beneficiarios es de fácil acceso para el Estado, por lo que los nuevos trámites resultan innecesarios y violan principios básicos de razonabilidad administrativa.

El juez otorgó al organismo un plazo de diez días para justificar las resoluciones suspendidas y remarcó que las normas en cuestión restringen derechos de sectores vulnerables, afectando a más de cinco millones de jubilados y pensionados.

Las disposiciones impugnadas limitaban la cobertura del 100% solo a quienes cumplieran con ciertos criterios socioeconómicos: ingresos menores a 1,5 haberes mínimos (o 3 en casos de discapacidad), ausencia de obra social o prepaga, no poseer más de un inmueble o vehículos nuevos, ni activos societarios. Para el resto de los afiliados, la cobertura se reducía a descuentos de entre el 40% y el 80%, salvo en enfermedades graves como diabetes, cáncer o VIH.

El incumplimiento de las primeras cautelares ya había generado sanciones económicas contra el PAMI, con multas diarias de hasta $300.000. En su defensa, el organismo alegó haber regresado al esquema de 2017, aunque el juez sostuvo que no acreditó la restitución del vademécum completo del programa “Vivir Mejor”.

Desde la APDH celebraron la decisión como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos” y recordaron que la medida beneficia a todos los jubilados del país.

La causa se concentra en Mendoza, por disposición de la Corte Suprema, que unificó allí los reclamos colectivos. También intervienen otras entidades como la Red de Defensa al Consumidor, la CTA Autónoma y diversas asociaciones de jubilados.

Por el momento, la resolución no está firme. La Cámara Federal de Mendoza deberá definir si confirma o revoca el fallo. Hasta entonces, el PAMI deberá garantizar la cobertura total de medicamentos según las condiciones vigentes antes de las resoluciones de 2024.